C.D.A. / L.R.
Las Palmas de Gran Canaria
El recorte temporal de la plantilla de El Museo Canario, no sólo se cierne sobre 14 de sus 18 trabajadores, sino que afectará a un sector mucho más amplio; los investigadores y otros usuarios que acuden a su sala de consulta para bucear en sus ricos fondos documentales.
La propuesta del expediente de regulación de empleo (ERE), pendiente del visto bueno de la autoridad laboral, se traducirá en el cierre de la biblioteca, el archivo y la hemeroteca de la entidad cultural.
Ayer algunos usuarios recibieron la noticia con indignación. «El museo histórico más importante de Canarias se mantiene en la inestabilidad porque está al albur de los vaivenes políticos. Debería ser público, con un presupuesto fijo que garantice su funcionamiento. Viene mucha gente: universitarios, escritores, investigadores, escolares, turistas... Va a afectar a mucha gente», comenta Ignacio, un investigador y profesor, que interrumpe su consulta de la prensa de la Segunda República española.
Si el ERE prospera y las administraciones públicas regionales e insulares renuncian a ampliar las subvenciones al museo, cerrará sus puertas un servicio de documentación que el año pasado contabilizó alrededor de 5.000 visitas.
La actividad expositiva del museo, que en 2009 recibió 30.000 visitantes, también se verá afectada, ya que el horario de apertura quedará restringido. Sólo se podrá visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas.
Pero sin duda, será la plantilla la que más sufrirá el recorte de las administraciones públicas. Sólo cuatro empleados de los 18 del museo mantendrán su puesto: un administrativo, un ordenanza, el encargado del mantenimiento y el gerente, que renunciará a un 20% de su sueldo.
Los otro 14 empleados sufrirán despidos temporales. Ocho de ellos; durante tres meses, el resto pasará cuatro meses en las listas del paro.
«El ERE ha caído muy mal. Aunque se veía venir», comenta resignado el representante de los trabajadores Luis Regueira.
Aparte de por su precaria situación laboral, el personal «está preocupado por los servicios públicos que se van a dejar de prestar», explica Regueira. «Aunque no se sabe mucho en la calle, la hemeroteca y la biblioteca son muy importantes. No hay ninguna comparable en Canarias», comenta Regueira.
Allí se pueden consultar los archivos de la Inquisición, de la Casa Fuerte de Adeje, el Judicial de Fuerteventura o los jugosos documentos de los hermanos León y Castillo.
«La entidad es privada, sin embargo ofrece servicios públicos. Puede ser socio quien quiera. Jurídicamente es una sociedad privada sin ánimo de lucro», explica Regueira, que recuerda que el patrimonio que guarda la entidad es de la sociedad canaria y que, además de los servicios técnicos de catalogación, identificación y conservación, «el museo proporciona acceso a quien quiera a investigaciones, documentos o restos arqueológicos». Ahora, además de la biblioteca y el archivo, la fototeca, fonoteca, cartoteca y pinacoteca quedarán fuera del acceso para los investigadores y el público, relata.
«La entidad necesitaría unos 200.000 euros para cubrir los servicios mínimos», comenta el representante de unos trabajadores que se sienten relegados por unas instituciones capaces de gastar esa cantidad en un acto de un sólo día.
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