La noticia es que los cazatesoros han perdido sus apoyos políticos y militares en Estados Unidos, lo cual es mucho decir en un país donde los lobbys tienen tanta influencia en la vida pública. Pero en un cambio de política cuyas consecuencias para la preservación del patrimonio sumergido se verán pronto, el Gobierno de Barack Obama ha lanzado una poderosa andanada contra los cazatesoros de Odyssey Marine Exploration, en una moción de apoyo sin matices a España en el juicio por el tesoro de La Mercedes que se sigue en Tampa. Todo parece indicar que los expoliadores tendrán que reinventar su negocio, puesto que querían sentar en este juicio el precedente para su futuro.
Esta industria que nació siempre al abrigo o gracias a sus buenas relaciones, tecnológicas y políticas, con el Gobierno, no puede permanecer impasible al cambio. La nueva política deja además en entredicho los acuerdos de Odyssey con el Ministerio de Defensa británico, que están en el origen del pleito, ya que permitieron la presencia de los cazatesoros en aguas de soberanía española.
El Gobierno Obama ha actuado desde un nivel alto. Ni más ni menos que el abogado general de la US Navy, vice almirante James W. Houck, y el embajador David A. Balton, asistente de la secretaria de Estado para asuntos marinos, han enviado sendas declaraciones al juzgado de Tampa. El primero, que habla como responsable del asesoramiento legal de la Armada de EE.UU., da un repaso a los tres mil barcos de la Navy hundidos, la mitad en aguas internacionales o de otros países, y afirma que desde los inicios de su actividad, se entiende que entre sus funciones militares ha estado el transporte de oro, plata, joyas y también los bienes de ciudadanos de EE.UU., lo cual fundamenta la tesis de que La Mercedes era un buque de Estado en misión oficial y no un mercante, como querían en Odyssey. El almirante apoya sus tesis profusamente con legislación que data desde 1800 hasta 2004.
También recuerda que esos pecios no están abandonados, y expresa la «alta importancia» que EE.UU. da a esta protección llamada inmunidad soberana. A las razones de que son tumbas de quienes dieron su vida en el servicio a la patria se suma, según recuerda, la importancia cultural y otras consideraciones que obligan a que el acceso a los restos sea «cuidadosamente controlado». Y lo fundamenta en leyes que prohíben la remoción y la posesión de bienes, aunque fueran bienes privados, de los naufragios. Por si esto fuera poco, la última norma del Congreso, de 2004, afirma que «no se garantizarán derechos de salvamento ni premios por hallazgo de ningún pecio militar sin el permiso expreso...» Odyssey lleva las de perder.
El embajador David A. Balton dice que honrar la petición de apoyo a España es del mayor interés para Washington
Y dice que deben primar los «estándares de conservación y arqueológicos», así como limitaciones tecnológicas coherentes con los intereses del Gobierno, que suele considerar primero el respeto a los restos.
Departamento de Estado
Por su parte, el Departamento de Estado no ha sido más amable con los cazatesoros y se centra en tres elementos: la aplicación de la política de EE.UU con respecto a su propio patrimonio —en esto coincide con el vicealmirante Houck—, la interpretación correcta del Tratado firmado con España en 1902 y los intereses de la política exterior estadounidense en esta materia.
En el artículo X del Tratado de 1902, aún vigente, se afirma que cada parte otorgará la misma protección e inmunidades a los barcos del otro, en caso de hundimiento o daño, que a sus propias naves. Balto afirma que este compromiso no está limitado a las aguas territoriales, por lo cual es relevante en el caso de La Mercedes. Además, hay que subrayar, según el embajador, que el tratado de 1902 se aplica tanto a la nave como a la carga, por lo que el Departamento de Estado entiende que separar en un pecio los restos de la nave de los de la carga sería ir contra el tratado, porque además esta interpretación permitiría a los cazatesoros acercarse a pecios de la Navy con intención de separar bienes privados, lo cual es contrario a la política de EE.UU.
Balton declara que honrar la petición de apoyo de España en este caso, al invocar el Tratado, es del mayor interés para la política exterior de Washington, y afirma que se toman muy en serio esta cuestión. Como potencia marítima global, no puede ser de otro modo si quiere recibir un trato similar con sus barcos. Por último, y debido a los avances tecnológicos, EE.UU. considera necesario protegerse del incremento de potenciales intervenciones no autorizadas en los buques hundidos, razón por la que se explica esta política tan estricta.
Tal vez para contrarrestar tan malas noticias, Odyssey hizo público el viernes que ha encontrado dos nuevos pecios en la zona que ellos llaman Sinphony, en la que actúan de acuerdo con algún gobierno, pero no han dado más datos ni de qué Gobierno ni de qué pecios. Con la Justicia en contra, una vez más, vuelven al secretismo y huyen de la luz.
El fin de un falso prestigio
La intervención de EE.UU. a favor de España se produce desde los niveles más altos de la Administración americana, con el visto bueno de Hillary Clinton, secretaria de Estado. En un momento en el que se estrechan relaciones con algunos de sus aliados ante los nuevos desafíos a que se enfrenta, es claro que Europa tiene mucho que aportar (lucha contra la otra piratería, la cultural). Hasta ahora, la tecnología de nivel —y origen— militar de los cazatesoros les permitía gran influencia. Pero está claro que ese tiempo ha pasado. Es una buena noticia para el patrimonio sumergido de las potencias históricas. Y para España, siempre en el punto de mira de los expoliadores. Sólo falta que en Tampa se ratifique el fin del inmerecido prestigio de quienes destruyen la historia por la fiebre del oro.
Esta industria que nació siempre al abrigo o gracias a sus buenas relaciones, tecnológicas y políticas, con el Gobierno, no puede permanecer impasible al cambio. La nueva política deja además en entredicho los acuerdos de Odyssey con el Ministerio de Defensa británico, que están en el origen del pleito, ya que permitieron la presencia de los cazatesoros en aguas de soberanía española.
El Gobierno Obama ha actuado desde un nivel alto. Ni más ni menos que el abogado general de la US Navy, vice almirante James W. Houck, y el embajador David A. Balton, asistente de la secretaria de Estado para asuntos marinos, han enviado sendas declaraciones al juzgado de Tampa. El primero, que habla como responsable del asesoramiento legal de la Armada de EE.UU., da un repaso a los tres mil barcos de la Navy hundidos, la mitad en aguas internacionales o de otros países, y afirma que desde los inicios de su actividad, se entiende que entre sus funciones militares ha estado el transporte de oro, plata, joyas y también los bienes de ciudadanos de EE.UU., lo cual fundamenta la tesis de que La Mercedes era un buque de Estado en misión oficial y no un mercante, como querían en Odyssey. El almirante apoya sus tesis profusamente con legislación que data desde 1800 hasta 2004.
También recuerda que esos pecios no están abandonados, y expresa la «alta importancia» que EE.UU. da a esta protección llamada inmunidad soberana. A las razones de que son tumbas de quienes dieron su vida en el servicio a la patria se suma, según recuerda, la importancia cultural y otras consideraciones que obligan a que el acceso a los restos sea «cuidadosamente controlado». Y lo fundamenta en leyes que prohíben la remoción y la posesión de bienes, aunque fueran bienes privados, de los naufragios. Por si esto fuera poco, la última norma del Congreso, de 2004, afirma que «no se garantizarán derechos de salvamento ni premios por hallazgo de ningún pecio militar sin el permiso expreso...» Odyssey lleva las de perder.
El embajador David A. Balton dice que honrar la petición de apoyo a España es del mayor interés para Washington
Y dice que deben primar los «estándares de conservación y arqueológicos», así como limitaciones tecnológicas coherentes con los intereses del Gobierno, que suele considerar primero el respeto a los restos.
Departamento de Estado
Por su parte, el Departamento de Estado no ha sido más amable con los cazatesoros y se centra en tres elementos: la aplicación de la política de EE.UU con respecto a su propio patrimonio —en esto coincide con el vicealmirante Houck—, la interpretación correcta del Tratado firmado con España en 1902 y los intereses de la política exterior estadounidense en esta materia.
En el artículo X del Tratado de 1902, aún vigente, se afirma que cada parte otorgará la misma protección e inmunidades a los barcos del otro, en caso de hundimiento o daño, que a sus propias naves. Balto afirma que este compromiso no está limitado a las aguas territoriales, por lo cual es relevante en el caso de La Mercedes. Además, hay que subrayar, según el embajador, que el tratado de 1902 se aplica tanto a la nave como a la carga, por lo que el Departamento de Estado entiende que separar en un pecio los restos de la nave de los de la carga sería ir contra el tratado, porque además esta interpretación permitiría a los cazatesoros acercarse a pecios de la Navy con intención de separar bienes privados, lo cual es contrario a la política de EE.UU.
Balton declara que honrar la petición de apoyo de España en este caso, al invocar el Tratado, es del mayor interés para la política exterior de Washington, y afirma que se toman muy en serio esta cuestión. Como potencia marítima global, no puede ser de otro modo si quiere recibir un trato similar con sus barcos. Por último, y debido a los avances tecnológicos, EE.UU. considera necesario protegerse del incremento de potenciales intervenciones no autorizadas en los buques hundidos, razón por la que se explica esta política tan estricta.
Tal vez para contrarrestar tan malas noticias, Odyssey hizo público el viernes que ha encontrado dos nuevos pecios en la zona que ellos llaman Sinphony, en la que actúan de acuerdo con algún gobierno, pero no han dado más datos ni de qué Gobierno ni de qué pecios. Con la Justicia en contra, una vez más, vuelven al secretismo y huyen de la luz.
El fin de un falso prestigio
La intervención de EE.UU. a favor de España se produce desde los niveles más altos de la Administración americana, con el visto bueno de Hillary Clinton, secretaria de Estado. En un momento en el que se estrechan relaciones con algunos de sus aliados ante los nuevos desafíos a que se enfrenta, es claro que Europa tiene mucho que aportar (lucha contra la otra piratería, la cultural). Hasta ahora, la tecnología de nivel —y origen— militar de los cazatesoros les permitía gran influencia. Pero está claro que ese tiempo ha pasado. Es una buena noticia para el patrimonio sumergido de las potencias históricas. Y para España, siempre en el punto de mira de los expoliadores. Sólo falta que en Tampa se ratifique el fin del inmerecido prestigio de quienes destruyen la historia por la fiebre del oro.
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