La ministra deja en vía muerta la nueva Ley de Patrimonio y el Plan Nacional de Arqueología Subacuática
Jesús García Calero - Madrid |
Jesús García Calero - Madrid |
Puede parecer triste, pero España ha sido incapaz de poner en marcha una política nacional de arqueología subacuática, a dos años y medio del escándalo Odyssey. No se han cumplido ni los compromisos firmados: el convenio entre Defensa y Cultura, que Ángeles González-Sinde y Carme Chacón sancionaron en julio pasado -una iniciativa llamada a cambiar la tradicional incuria de las Administraciones por la acción política y la colaboración de Gobierno, Armada y Comunidades Autónomas- es casi papel mojado. Han pasado 6 meses y aún no se ha activado, cuando estaba previsto llevar a cabo las primeras prospecciones el pasado verano. ¿Las causas?
Falta de voluntad. La nueva ministra de Cultura ha relegado al Patrimonio Histórico a una de sus últimas prioridades. No sólo ha sido una de las áreas más castigadas por los recortes presupuestarios de Sinde para 2009. También es la víctima de otros esfuerzos, como el dedicado al cine.
Parón legislativo en Granada. La pasada semana se celebró el consejo de Patrimonio en Granada, al que asistieron representantes del Ministerio y las Comunidades Autónomas. Allí, la nueva directora general de Bellas Artes, Ángeles Albert -que hoy comparece en el Senado-, dejó claro que Cultura ha decidido aplazar la tramitación de la nueva Ley de Patrimonio al menos hasta la próxima legislatura. Por lo que ha trascendido de la reunión, hay un ambiente de ruptura abierta con todas las políticas del anterior ministro, César A. Molina, y su equipo, quienes habían puesto en marcha el Plan Nacional de Arqueología, el Libro verde, la Ley de Patrimonio y el convenio con Defensa.
Tormentas en Andalucía. Pero una de las causas más graves de los retrasos ha sido la política desarrollada por la Junta andaluza desde que conocieron el convenio Cultura-Defensa. A pesar de que el texto interministerial se abre a la colaboración necesaria con las Autonomías «para llevar a cabo una protección eficaz» del patrimonio, José Antonio Griñán invocó la Constitución, el Estatuto y la Ley de Patrimonio andaluz al impugnar en un escrito enviado a Presidencia la competencia del Gobierno central en la defensa del Patrimonio, prohibir las prospecciones...
Nuevo decreto. Además, la Junta aprobó el decreto 285/ 2009 por el que cataloga como patrimonio histórico andaluz hasta los pecios de la plataforma continental, hundidos bajo miles de metros de agua a los que difícilmente puede llegar la Junta sin los medios de la Armada.
La Constitución responde. La respuesta del Gobierno, en la que el vicepresidente Chaves tuvo mucho que ver, invoca el art. 149 de la Constitución, los art. 6 y 40 de la Ley de Patrimonio de 1985 y otros informes de la abogacía del Estado, más una sentencia del TC y la Convención de Unesco. Todo un alud legal contra la incomprensible actitud de la Junta andaluza, extremamente sensible a la puesta en marcha de una política estatal pero mucho menos activa y beligerante durante 6 años contra Odyssey, a quien rebajó una multa de 2006 por «falta de reiteración». Con este panorama, ¿qué dirá España cuando los cazatesoros vuelvan a llamar a la puerta?
La Academia de Historia puso los puntos sobre las íes
En pleno escándalo Odyssey, con el informe de la Real Academia de Historia (RAH) sobre la Arqueología Submarina en España, el Gobierno supo la grave situación de abandono que el patrimonio naval español ha padecido. Ahora, el académico Martín Almagro Gorbea acaba de denunciar en un libro, publicado por la Universidad de Málaga, que no hay «proyectos serios ni medios adecuados, como tampoco hay publicaciones especializadas y los centros existentes como el ARQUA de Cartagena y el CAAS, radicado en La Caleta, Cádiz, son poco más que entes administrativos que no han alcanzado una operatividad eficaz, como demuestra el caso Odyssey y la falta de proyectos de importancia que requiere nuestro rico Patrimonio Arqueológico Submarino». Bastaría subrayar sus palabras para sonrojar al Gobierno por el parón a sus propios compromisos firmados y para que los actuales responsables de Cultura se decidan a dar un golpe de timón. Para ello han redactado un «Libro verde»...
Falta de voluntad. La nueva ministra de Cultura ha relegado al Patrimonio Histórico a una de sus últimas prioridades. No sólo ha sido una de las áreas más castigadas por los recortes presupuestarios de Sinde para 2009. También es la víctima de otros esfuerzos, como el dedicado al cine.
Parón legislativo en Granada. La pasada semana se celebró el consejo de Patrimonio en Granada, al que asistieron representantes del Ministerio y las Comunidades Autónomas. Allí, la nueva directora general de Bellas Artes, Ángeles Albert -que hoy comparece en el Senado-, dejó claro que Cultura ha decidido aplazar la tramitación de la nueva Ley de Patrimonio al menos hasta la próxima legislatura. Por lo que ha trascendido de la reunión, hay un ambiente de ruptura abierta con todas las políticas del anterior ministro, César A. Molina, y su equipo, quienes habían puesto en marcha el Plan Nacional de Arqueología, el Libro verde, la Ley de Patrimonio y el convenio con Defensa.
Tormentas en Andalucía. Pero una de las causas más graves de los retrasos ha sido la política desarrollada por la Junta andaluza desde que conocieron el convenio Cultura-Defensa. A pesar de que el texto interministerial se abre a la colaboración necesaria con las Autonomías «para llevar a cabo una protección eficaz» del patrimonio, José Antonio Griñán invocó la Constitución, el Estatuto y la Ley de Patrimonio andaluz al impugnar en un escrito enviado a Presidencia la competencia del Gobierno central en la defensa del Patrimonio, prohibir las prospecciones...
Nuevo decreto. Además, la Junta aprobó el decreto 285/ 2009 por el que cataloga como patrimonio histórico andaluz hasta los pecios de la plataforma continental, hundidos bajo miles de metros de agua a los que difícilmente puede llegar la Junta sin los medios de la Armada.
La Constitución responde. La respuesta del Gobierno, en la que el vicepresidente Chaves tuvo mucho que ver, invoca el art. 149 de la Constitución, los art. 6 y 40 de la Ley de Patrimonio de 1985 y otros informes de la abogacía del Estado, más una sentencia del TC y la Convención de Unesco. Todo un alud legal contra la incomprensible actitud de la Junta andaluza, extremamente sensible a la puesta en marcha de una política estatal pero mucho menos activa y beligerante durante 6 años contra Odyssey, a quien rebajó una multa de 2006 por «falta de reiteración». Con este panorama, ¿qué dirá España cuando los cazatesoros vuelvan a llamar a la puerta?
La Academia de Historia puso los puntos sobre las íes
En pleno escándalo Odyssey, con el informe de la Real Academia de Historia (RAH) sobre la Arqueología Submarina en España, el Gobierno supo la grave situación de abandono que el patrimonio naval español ha padecido. Ahora, el académico Martín Almagro Gorbea acaba de denunciar en un libro, publicado por la Universidad de Málaga, que no hay «proyectos serios ni medios adecuados, como tampoco hay publicaciones especializadas y los centros existentes como el ARQUA de Cartagena y el CAAS, radicado en La Caleta, Cádiz, son poco más que entes administrativos que no han alcanzado una operatividad eficaz, como demuestra el caso Odyssey y la falta de proyectos de importancia que requiere nuestro rico Patrimonio Arqueológico Submarino». Bastaría subrayar sus palabras para sonrojar al Gobierno por el parón a sus propios compromisos firmados y para que los actuales responsables de Cultura se decidan a dar un golpe de timón. Para ello han redactado un «Libro verde»...
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