Cuatro años de amarre cautelar

Un país caribeño exige 7,6 millones por un barco que fue intervenido en una operación contra el expolio en Cádiz

PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 26/12/2010

 

Hace cuatro años que el Louisa, un barco de bandera del país caribeño San Vicente y las Granadinas, fue señalado por la Guardia Civil como la base de una red de supuestos expoliadores de patrimonio histórico subacuático. Fue la famosa Operación Bahía, por la que fueron imputadas 12 personas, que ya están en libertad a la espera de juicio. Dentro de este barco los agentes requisaron material para el rastreo bajo el mar y también amplia documentación sobre navíos hundidos. El barco sigue amarrado en el muelle de El Puerto de Santa María y ahora es motivo de un conflicto entre países que tendrá que resolver el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania).

San Vicente y las Granadinas reclama a España 10 millones de dólares (7.626.020 euros) por la retención del buque que, según este gobierno caribeño, solo estaba haciendo prospecciones de hidrocarburos.
La Operación Bahía, desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Junta de Andalucía, causó gran atención mediática cuando se destapó en 2006. Según la investigación, los presuntos expoliadores tejieron una red en la costa de Cádiz en busca de tesoros. La Guardia Civil aseguró que buscaban los cargamentos de oro y plata del Nuestra Señora de la Victoria, el galeón San Francisco Javier y las naos Santa Cruz y Vera Cruz. En su poder había varias monedas y, sobre todo, mucha documentación, alguna extraída del Archivo de Indias, sobre el esplendor marítimo español y el hundimiento de barcos. Entre los detenidos había personas de diferentes nacionalidades y algunos buzos e historiadores locales que, supuestamente, colaboraron en esta red.
El Louisa se encontraba en 2006 amarrado en la dársena comercial de El Puerto de Santa María. Tras la denuncia de un particular, la Guardia Civil sospechó que podía estar preparándose para realizar inmersiones submarinas con fines delictivos. Dentro de él, los agentes aseguraron haber encontrado cartas marinas y documentación con yacimientos arqueológicos subacuáticos y objetos sospechosos de haber sido expoliados, como balas de cañón, cerámicas o anclas de piedra.
Cuatro años después el barco sigue en el mismo lugar, a la espera de una decisión judicial sobre su destino. El buque tenía bandera de San Vicente y las Granadinas, aunque ninguno de los imputados pertenecía a ese país. Su gobierno reclama el barco y la indemnización de 10 millones de dólares "como mínimo" en concepto de daños y perjuicios. "El buque Louisa estaba realizando inspecciones del fondo marino de la bahía de Cádiz mediante sonar y cesio magnético con el fin de localizar y registrar hidrocarburos y gas metano", dice la demanda. La denuncia asegura que el barco fue "detenido alegando violación de patrimonio histórico" cuando, según su versión, el buque solo se dedicaba a la investigación científica. San Vicente y las Granadinas llama la atención sobre el hecho de que todos los imputados ya están libres mientras que el barco sigue retenido, por lo que considera que España ha vulnerado varios artículos de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

 Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/anos/amarre/cautelar/elpepiespand/20101226elpand_8/Tes