jueves, 2 de diciembre de 2010

Un convenio firmado por Sinde regirá la cooperación sobre patrimonio subacuático

EE.UU informará a España de la actividad de los cazatesoros

Día 02/12/2010
Malas noticias para los cazatesoros y buenas para el patrimonio sumergido. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, firmó ayer en la Embajada española de Washington un convenio con el organismo competente en EE.UU. que tiene ribetes históricos. El acuerdo sienta las bases legales de una cooperación en defensa del patrimonio subacuático y permitirá investigar, compartir esfuerzos y experiencias, e incluso excavar algunos pecios.
Además, parte de un preámbulo en el que deja claro que el espíritu de este acuerdo legal surge del interés mutuo y del respeto por la historia que representan los yacimientos y los objetos que proceden de los mismos. Importantes para España, EE.UU. y para el mundo, son «elementos insustituibles del patrimonio y la identidad de los pueblos». Lo dicho, el mercadeo con objetos de nuestra historia por fin está mal visto en un texto de carácter legal vigente en ambos países.
Perturbaciones sin permiso
Pero hay tres puntos que son de la mayor importancia: el acuerdo extiende una protección extra a los yacimientos conocidos, expresa el marco legal de una coincidencia de intereses y criterios ejemplarizante y además compromete a EE.UU. a informar de las actividades de los cazatesoros.
En este punto el convenio es muy claro: entre las cosas a las que asegura está el «suministro de información sobre la perturbación no autorizada, real o potencial, de recursos o sitios del patrimonio cultural subacuático que estén dentro del ámbito de competencia de cualquiera de los signatarios España y EE.UU. y en los que cualquiera de estos pueda tener interés desde el punto de vista arqueológico, histórico o programático, o en calidad de propietario, incluyendo los lugares en los que se encuentren buques naufragados respecto de los cuales cualquiera de los signatarios sea el Estado del pabellón».
Sólo este punto supone deshacer de un empellón todas las trapacerías que los cazatesoros estuvieron antaño acostumbrados a realizar en las costas estadounidenses, donde se llegaron a otorgar permisos administrativos y aún se aceptan listados de extracción bajo sello confidencial en algunos juzgados. De modo que las grandes empresas expoliadoras ven desde hoy ignorada un poco más su antigua e intensa influencia política y cerradas las puertas a su impunidad en un marco legal que invoca de entrada la política patrimonial de la Unesco. Es una gran noticia.
Pero el acuerdo tiene otras características importantes: establece las condiciones para compartir información sobre localizaciones de yacimientos, respeta el pabellón del pecio por encima de todo, supone un puente para completar investigaciones históricas y archivísticas, abre la posibilidad de emprender proyectos científicos de interés mutuo, y un importante capítulo de educación y divulgación que también es el mejor arma para roer en el futuro inmediato todo el incomprensible prestigio de los cazatesoros.
Los firmantes declararán a su criterio la prioridad sobre algunos yacimientos y podrán invocar, siempre que fuera necesario para el cumplimiento del acuerdo, el poder de los gobiernos para completar su acción. Lo dicho: es una gran noticia para el patrimonio subacuático.
 

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